La LOMCE, una ley poco ambiciosa

Luis (nov 05)Acaba de aprobarse el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una ley que pretende cambiar la grave situación que padecíamos en nuestro sistema educativo tras 20 años de enseñanza comprensiva basada en el modelo LOGSE, con un índice de fracaso y abandono escolar de los más altos de Europa y un paro juvenil que ronda el 57%.

Esta situación de emergencia educativa obliga a un cambio en profundidad del sistema educativo que permita a nuestros hijos adquirir una sólida formación, que les facilite el acceso al mundo laboral en un entorno cada vez más competitivo, a través del esfuerzo personal y de todos los agentes educativos, incluida la familia.

Por eso, aplaudimos medidas como las evaluaciones objetivas y externas, que permitirá establecer, además de un nivel contenidos y conocimientos homogéneo en todo el país, la transparencia de los resultados con el fin de visualizar el nivel que alcancen centros, profesores y alumnos. También nos parece un acierto el tratamiento dado en la Ley a la clase de Religión -de libre elección, frente a la obligatoriedad de la denostada Educación para la Ciudadanía, felizmente suprimida- que permite plena libertad a las familias para cursar esta asignatura, su alternativa, o ambas, y que son evaluables, como corresponde a cualquier asignatura.

La Ley resulta mucho mejor que la LOGSE o la actual LOE, leyes con una gran carga ideológica que no han conseguido erradicar el abandono y fracaso escolar que lacra a nuestro país, pero esperábamos mucho más de esta ley. La LOMCE no resuelve la injusta diferencia de trato que se da a las familias en función del modelo de centro elegido (público o concertado), puesto que mantiene la incertidumbre sobre la renovación del concierto, cuando este debería prorrogarse automáticamente, excepto en el caso de que no se cumplan las condiciones legales previstas para el mismo.

Tampoco queda resuelto el concierto en Bachillerato, una petición que venimos realizando desde hace mucho tiempo en CONCAPA, con el fin de que nuestros hijos puedan cursar esta etapa en el mismo centro gratuitamente, tal como sucede en los centros públicos. No entendemos que se premie o castigue a un centro en la etapa de Bachillerato por ser público o concertado. Todas estas cuestiones merman la libertad de elección de centro al impedir a las familias elegir en igualdad de condiciones, y es algo que la Ley debería de haber contemplado también.

Con respecto a las protestas sobre la Ley, son lógicas porque, por desgracia, en nuestro país la educación continua muy ideologizada, pero no es cierto que sea la ley que menos consenso ha tenido; no hay más que recordar la falta de consenso de la LOGSE y de la LOE, frente a las cuales CONCAPA lideró grandes manifestaciones, como consta en las hemerotecas. Lamentablemente, los partidos no se quieren poner de acuerdo en el tema educativo y esto nos condena a sufrir una inestabilidad legislativa continua, como un círculo sin fin.

De ahí que nuestra propuesta pase porque sean las familias -la sociedad- la que se ponga de acuerdo en unos principios básicos que permitan consensuar una reforma educativa, basados en la libertad de enseñanza y de elección de centro, la transparencia y rendición de cuentas, la formación del profesorado y, en definitiva, en el esfuerzo de todos.

Luis Carbonel, presidente de CONCAPA

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